La memoria anual de la Contaduría General señaló que durante el segundo semestre de 2019 se hicieron observaciones respecto al uso de la publicidad oficial.
Aunque el contador no lo menciona, el tramo coincide con las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre. “La documentación incorporada como respaldo del egreso no acreditaba el carácter de finalidad pública que toda publicidad oficial debe contener”, indica el informe.
El Tribunal de Cuentas de la provincia entiende como publicidad oficial “los gastos que hagan a la información de los actos de gobierno en forma objetiva, no aquella subjetiva sesgada a favor de una persona o que posea tendencia a favorecer actos personales”. Es decir, “procede aquella publicidad que ofrece información de interés general y utilidad pública sobre actos propios del quehacer municipal, con el objetivo de informar políticas, programas y servicios en beneficio de toda la comunidad a través de los medios contratados por el municipio”.
En ese sentido, el contador Guillermo Costanzo sugiere “materializar una ordenanza que regule la publicidad oficial y establezca un marco jurídico ineludible para las contrataciones que se realicen a futuro”.